En medio de un país que aún enfrenta profundas tensiones sociales y económicas tras la firma del Acuerdo de Paz de Colombia, el debate sobre las economías campesinas, la regulación del cannabis y la transición productiva vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
En este escenario, el abogado y dirigente político por el Partido Verde Néstor Daniel García Colorado participó en un espacio de discusión donde se abordaron las problemáticas estructurales que afectan a los territorios rurales y a los pequeños productores vinculados —de forma directa o indirecta— a las economías del cannabis y el cáñamo.
El evento reunió voces políticas y sociales para analizar la situación actual del país en relación con la política de drogas, la implementación normativa y la necesidad de una transición productiva real y efectiva.
La participación de García Colorado se dio en un contexto marcado por cuestionamientos al cumplimiento del Punto 4 del Acuerdo, relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas.
Contexto: siete años después del Acuerdo de Paz
Organizaciones sindicales y sociales han señalado que, a más de siete años de la firma del Acuerdo, persisten problemas estructurales que no han sido resueltos.
Entre ellos destacan:
- La criminalización del campesinado y de los pueblos indígenas.
- El fracaso parcial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS).
- La ausencia de rutas claras de transición productiva.
- La exclusión de pequeños productores y trabajadores de las economías reguladas del cannabis y el cáñamo.
Aunque la antigua estructura de las FARC se desintegró tras el proceso de paz, una parte significativa de excombatientes terminó reincorporándose a disidencias u otros grupos armados.
Para distintos sectores sociales, esto evidencia una implementación incompleta del acuerdo y una política pública insuficiente en los territorios.
En este panorama, la política de drogas continúa siendo una de las columnas vertebrales de los conflictos sociales, económicos y territoriales del país.
Marco normativo: avances en el papel, obstáculos en la práctica
Uno de los ejes centrales del debate fue el análisis del marco normativo existente. Diversos actores coinciden en que Colombia no carece de normas; por el contrario, cuenta con leyes, decretos y sentencias que reconocen enfoques alternativos y modelos regulatorios, sin embargo, el problema radica en su aplicación.
Entre las disposiciones mencionadas se encuentran:
- El Decreto 1138, que regula la venta de flor seca de cannabis, pero cuya implementación aún enfrenta obstáculos.
- La Ley 2204 sobre cáñamo, vigente pero sin reglamentación clara, lo que deja a productores y trabajadores en un limbo jurídico.
- La Resolución 2100 sobre Sustancias Psicoactivas (SPA), con enfoque de derechos y salud pública, pero sin herramientas territoriales sólidas para su ejecución.
- La Sentencia C-127 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce el consumo como un asunto vinculado a derechos fundamentales.
- El marco normativo del cannabis medicinal y productos terminados, altamente tecnificado y restrictivo para la economía campesina.
El contraste entre el diseño normativo y la realidad territorial fue uno de los puntos más sensibles del debate.
Según organizaciones sociales, muchas de estas normas terminan sobrerreguladas o desconectadas de los contextos locales, debilitando la asociatividad y profundizando la exclusión.
Realidad territorial: inseguridad jurídica y ruptura del tejido social
En los territorios rurales coexisten cultivos licenciados y no licenciados, sin que existan zonas claras de transición regulada.
Esta situación genera:
- Inseguridad jurídica para campesinos.
- Persecución y judicialización.
- Conflictos comunitarios.
- Ruptura del tejido social.
Las organizaciones plantean la necesidad de crear zonas de transición en territorios campesinos e indígenas, vinculadas al Decreto 1138, que permitan una formalización gradual y reduzcan la criminalización de economías de subsistencia.
Asimismo, se insiste en el reconocimiento de saberes ancestrales y prácticas comunitarias, así como en la articulación real con la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz.
La participación de Néstor García Colorado
En este contexto, Néstor Daniel García Colorado intervino en el debate aportando su visión sobre la necesidad de reformas estructurales y de coherencia entre la política económica, la transición productiva y el desarrollo territorial.
García Colorado ha desarrollado su carrera en el ámbito jurídico y político, con propuestas orientadas a la reactivación productiva, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.
Su participación en el evento lo ubica dentro de la discusión nacional sobre la transformación de las economías rurales y la regulación del cannabis.
El debate trascendió la regulación entendida como mercado y se centró también en la protección de los derechos laborales de los trabajadores del sector licenciado y no licenciado, así como en las garantías de los usuarios desde un enfoque de salud pública y derechos fundamentales.
Reforma rural y política de drogas: un debate inseparable
Uno de los consensos emergentes del foro fue que no es posible hablar de regulación del cannabis sin abordar simultáneamente la Reforma Rural Integral.
La falta de acceso a tierra, crédito, asistencia técnica y mercados formales ha sido un factor determinante en la persistencia de economías informales o ilícitas.
La política de drogas, históricamente enfocada en la represión, ha generado impactos sociales profundos.
Las organizaciones proponen una transición hacia modelos regulados que prioricen:
- Desarrollo territorial.
- Formalización progresiva.
- Inclusión de pequeños productores.
- Protección laboral.
- Enfoque diferencial para comunidades indígenas y campesinas.
En ese marco, la discusión legislativa cobra relevancia, pues el Congreso tiene la facultad de reglamentar, ajustar y armonizar las normas existentes para que no se queden en declaraciones formales sin impacto real.
Cannabis regulado y economía campesina: ¿oportunidad o exclusión?
El cannabis medicinal y el cáñamo industrial han sido presentados como oportunidades económicas para el país, sin embargo, la tecnificación y los requisitos de capital han dejado por fuera a buena parte de la economía campesina.
Las críticas apuntan a que el modelo actual favorece grandes empresas con capacidad de inversión, mientras pequeños productores enfrentan barreras técnicas, financieras y regulatorias.
Por ello, uno de los llamados centrales del debate fue revisar el enfoque de regulación para que no reproduzca desigualdades estructurales. La inclusión de economías de subsistencia en procesos de formalización gradual podría reducir la conflictividad social y fortalecer la paz territorial.
Un debate que trasciende lo electoral
La participación de figuras políticas como García Colorado evidencia que el tema ha dejado de ser marginal para convertirse en una discusión estructural sobre desarrollo, derechos y modelo económico.
Más allá de la coyuntura electoral, el debate sobre economías campesinas y cannabis regulado plantea preguntas profundas:
- ¿Cómo equilibrar regulación y justicia social?
- ¿Cómo evitar que la formalización excluya a quienes históricamente han sostenido estas economías?
- ¿Cómo articular la política de drogas con la construcción de paz?
Responder estas preguntas exige voluntad política, ajustes normativos y una implementación territorial efectiva.
El debate sobre economías campesinas y cannabis regulado no puede quedar en declaraciones o foros aislados. Es fundamental que la ciudadanía se informe, participe y exija coherencia entre las normas y la realidad territorial.
La transformación productiva y la construcción de paz requieren vigilancia social, compromiso institucional y decisiones políticas firmes.
Infórmese, comparta este análisis y participe activamente en las discusiones que definirán el futuro del campo colombiano.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Néstor Daniel García Colorado?
Es un abogado y dirigente político colombiano que ha participado en procesos electorales y debates públicos sobre desarrollo económico, institucionalidad y políticas públicas, incluyendo discusiones sobre economías rurales y regulación del cannabis.
¿Qué es el Decreto 1138?
Es una norma que regula la venta de flor seca de cannabis en Colombia, aunque representa un avance en el marco regulatorio, su implementación aún enfrenta desafíos prácticos y territoriales.
¿Por qué se habla de exclusión en el cannabis regulado?
Porque el modelo actual exige altos niveles de tecnificación, capital e infraestructura, lo que dificulta la participación de pequeños productores campesinos y trabajadores informales.
¿Cómo se relaciona la política de drogas con el Acuerdo de Paz?
El Punto 4 del Acuerdo de Paz de Colombia aborda la solución al problema de las drogas ilícitas. Su implementación está directamente vinculada a la Reforma Rural Integral y a la necesidad de crear alternativas productivas sostenibles en los territorios afectados por el conflicto.
