Educación superior: desastre estructural que exige responsabilidad
La Universidad de Antioquia (UdeA) no está enfrentando “una crisis”, está dando señales de colapso institucional. Con un déficit que ronda los $350 mil millones de pesos según informes recientes, la situación es más que preocupante: es una deuda con el futuro. La Ley 30 de 1992 (artículos 86 y 87) ordena que el Estado garantice transferencias progresivas para las universidades públicas. No basta que esos mandatos existan; lo que prima es que se cumplan. Cuando no se garantiza financiación, acceso y permanencia, no estamos ante un ajuste: estamos ante una vulneración del derecho a la educación superior.
La gestión del señor Mauricio Alviar Ramírez al frente de la Secretaría de Educación de Antioquia agrava esta situación. Primero, porque su propio discurso propuso «reducir en un 50 % los contratos de cátedra de la UdeA» para contener el gasto laboral, lo que atenta directamente contra la planta académica, la investigación y la estabilidad docente.
Segundo, porque la renuncia anunciada para el 1 de noviembre de 2025 no viene acompañada de una explicación clara ni de una auditoría pública de sus decisiones. En el ámbito público, afirmar que todo obedece a “decisión personal” cuando hay derechos fundamentales en juego es una evasión de responsabilidades.
Y tercero, porque la transferencia de solo $4.697 millones hecha por la Gobernación el 3 de septiembre de 2025 no es un sólido plan de salvamento para una universidad que exige soluciones globales, no parches simbólicos.
Esto no es una crisis financiera aislada: es una falla estructural del modelo de educación superior en Antioquia, que exige respuestas de largo plazo, transformación del modelo de financiamiento y una estrategia clara de sostenibilidad.
Básica y media: vulneración concreta del derecho a aprender
Mientras la atención se concentra en la universidad, el sistema de educación básica y media en Antioquia no da tregua: contratos de personal de apoyo con transición contractual, alertas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), obras escolares con hallazgos de irregularidades. Estas no son cifras frías; son días de clase que se pierden, niños y jóvenes que pierden oportunidades.
La Gobernación no puede excusarse en que “los recursos son inestables”. Sus maniobras –como cambiar el esquema de estampillas para educación superior sin una transición clara– muestran improvisación en vez de planificación.
El derecho a la educación está siendo vulnerado en forma directa: interrupciones en la prestación, vacíos operativos, calidad que se desploma. No estamos ante fallas menores, sino ante una falla del deber estatal constitucional.
Una gestión que se estrella contra la gravitación del deber constitucional
La Constitución de 1991 no reconoce “glosas presupuestales” como excusa para que un rector o un secretario no cumpla sus funciones; reconoce un derecho.
Y cuando un secretario de educación, con antecedentes como exrector universitario, propone medidas que parecen apuntar más a la contención del gasto que a la garantía del derecho… estamos ante un problema de criterio, no de coyuntura.
La renuncia del secretario es una señal: una rendición formal. Pero lo que debe seguir es la rendición material: auditorías, investigaciones, claridad y un cambio de rumbo.
Cuando el Estado abandona la educación por años, luego lo que viene no es mejora: es colapso. Y en esa caída no solo se pierden recursos, se pierden vidas, historias, futuros.
No más excusas, no más parches
Antioquia no necesita más jefes de educación que firmen decretos: necesita liderazgos que defiendan el derecho a aprender con la misma pasión con que se defiende una obra.
La crisis educativa no es técnica: es política. Y por tanto, requiere voluntad política.
En este momento clave, la ciudadanía debe exigir algo más que cambios de nombre.
Debe exigir que la educación pública deje de ser mercancía para convertirse en realidad.
Porque si una universidad se hunde y un colegio se convierte en promesa incumplida, lo que se está fallando no es un proyecto administrativo: es el compromiso con la igualdad.
Y mientras esa falla siga impune, el Estado seguirá traicionando su propio mandato constitucional.