En Colombia, la lucha contra el narcotráfico ha estado marcada históricamente por un enfoque prohibicionista y punitivo, con resultados mixtos que exigen una revisión. La política antidrogas, especialmente desde la implementación del Plan Colombia, se ha centrado en la erradicación forzada de cultivos de coca y el aumento de la interdicción, estrategias impulsadas tanto por el gobierno colombiano como por el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, los efectos de esta guerra se reflejan en múltiples dimensiones sociales y económicas que han debilitado profundamente la estructura social del país y exacerbado la vulnerabilidad de las comunidades campesinas.
A medida que la violencia y el desplazamiento forzado se incrementaron, las estrategias exclusivamente punitivas fueron señaladas como insuficientes para alcanzar una paz sostenible y genuina. El Acuerdo de Paz de 2016 abrió un camino hacia un enfoque más integral, al reconocer que la pobreza, la falta de oportunidades y el aislamiento institucional han mantenido a muchas comunidades rurales en una relación forzada con el cultivo de coca. Este acuerdo promovió la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo rural como medidas esenciales para eliminar la dependencia de las economías ilícitas. No obstante, la implementación desigual de estos compromisos ha limitado sus impactos, generando escepticismo sobre la viabilidad de una paz duradera bajo las estrategias actuales.
La Comisión Global de Política de Drogas y organizaciones afines propone un cambio paradigmático: pasar de la prohibición a la regulación controlada de ciertos mercados de drogas . Esto permitiría al Estado ejercer un control efectivo sobre la producción y distribución de sustancias, minando el poder de los actores ilegales y promoviendo una disminución de la violencia asociada al narcotráfico. En lugar de criminalizar a las comunidades productoras y consumidoras, este enfoque plantea una visión de salud pública y derechos humanos que permitiría avanzar en una paz duradera y reducir el impacto de estas políticas en los grupos más vulnerables.
Con el reciente cambio de liderazgo, el gobierno de Gustavo Petro ha anunciado su intención de reformar la política de drogas en Colombia, enfatizando la importancia de desmilitarizar la lucha contra las drogas y priorizar el desarrollo social en las zonas rurales afectadas por el conflicto. Esta propuesta representa un paso crucial para abrir un debate necesario en el ámbito internacional, en el que se promueven estrategias que abordan la problemática desde una perspectiva integral y sostenible.
En definitiva, la política antidrogas en Colombia debe evolucionar hacia un enfoque más inclusivo, uno que priorice la equidad social y la participación de las comunidades en la formulación de soluciones. Solo así se podrán transformar las condiciones estructurales que perpetúan el ciclo de pobreza y violencia en las zonas más afectadas del país.