La paz total no es un eslogan. Es una apuesta constitucional. Y como toda apuesta de fondo, incomoda a quienes viven del conflicto.
El artículo 22 de la Constitución dice algo que a veces se nos olvida: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” No es una sugerencia. No es un deseo piadoso. Es una obligación del Estado, de todos los gobiernos y de todos nosotros.
La paz total, como proyecto, no pretende abrazar ingenuamente a quienes empuñan las armas. Busca romper un ciclo jurídico y moral: el de la guerra convertida en política pública, el de la violencia convertida en negocio.
La verdad, si uno mira la historia reciente, todos los gobiernos han dialogado. Santos lo hizo con las FARC, Uribe lo intentó con los paramilitares, Gaviria con el M-19. La diferencia es que ahora se dialoga con todos. Con los que quedaron por fuera, con los que siguen disparando, con los que mandan en los territorios donde el Estado no llega ni con un puesto de salud.
¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Esperar que se sigan matando para poder dormir tranquilos en las ciudades? No. La Constitución manda a negociar, no a rendirse. A garantizar la vida, no a premiar el crimen.
Hay errores, sí. Procesos lentos, contradicciones, burocracia. Pero la alternativa es el mismo ruido de siempre: los mismos noticieros mostrando los mismos fusiles y los mismos niños desplazados.
La paz total no es ingenua. Es compleja, imperfecta y profundamente necesaria.
Lo curioso es que, en este país, todavía hay quienes creen que la guerra da votos y la paz los quita.
Yo, como constitucionalista, lo tengo claro: si el Estado renuncia a dialogar, renuncia a cumplir la Constitución.
Y si renuncia a cumplirla, ¿entonces qué nos queda?